Cuatro hechos notorios de la semana que pasó y que merecen ser destacados. Haré, pues, una apretada síntesis de los comentarios que suscitan esos diversos sucesos.
Notoria ha sido la lección de los parlamentarios de la oposición en Argentina que se negaron a estar presentes en el hemiciclo parlamentario junto al jefe de Estado peruano, Alberto Fujimori, por estimar que era una afrenta a su propia dignidad compartir al recinto de las leyes argentinas con quien, violando la Constitución, disolvió el Congreso. La lección fue para los parlamentarios peruanos que se titulan de oposición y que, con su presencia y sus emolumentos, avalan al régimen violador de las leyes.
Para suavizar la situación, 'inteligentemente', el señor Fujimori prometió que no volvería a disolver el Congreso. Reacción altamente ridícula, pues todavía se escuchan sus autoelogios para el golpe militar del 6 de abril de 1992. Además ¿de qué arrepentimiento se trata si intenta reelegirse por disposición 'constitucional' dictada por él y sin ley previa que rija las condiciones de la reelección? Confesar culpable de un delito y, a la vez, pretender redimirse de él, sin haber pagado por la culpa, es una picardía no un gesto inteligente ni moral, es una pretensión que sólo un pueblo manso puede soportar.
Notorio ha sido el artículo del doctor Manuel Moreyra, publicado en 'El Comercio' el miércoles pasado. Informa en su nota el doctor Moreyra, que este gobierno, gran hablador de moralidad, acaba de publicar el 14 de diciembre -cuando todo el mundo estaba distraído mirando la Navidad y el Año Nuevo- un decreto de urgencia que obliga al Estado a asumir las deudas del Banco Popular, entidad que se rige como sociedad privada y que, por lo tanto, no puede ser de responsabilidad del Estado. Recuerda para el caso la decisión del gobierno belaundista, en 1983, de asumir el pago de las acreencias contraídas por la Compañía Nacional de Vapores en la extraña operación relacionada con los barcos Mantaro y Pachitea, caballo de batalla del señor Fujimori contra los gobiernos de las democracias caducas e inoperantes, corruptas. Y, aunque el doctor Moreyra no menciona, por olvido seguramente, que esa disposición de 1983 fue corregida por el propio gobierno belaundista, declarándola nula, señala la similitud de esta operación, tan dura e insistentemente criticada por Fujimori, con el decreto que acaba de publicasen favor de los acreedores del Banco Popular. Al parecer, con un agravante en el caso del Banco Popular, que se desprende de las preguntas con las que concluye su artículo el doctor Moreyra. La deuda por el alquiler o compra -no está esclarecido el enredo- de los barcos Mantaro y Pachitea, que este gobierno se ha obligado a cancelar, está en manos de dos bancos extranjeros mientras que las deudas del Banco Popular estarían, por lo que insinúan las preguntas del doctor Moreyra, en manos de particulares peruanos. ¿Quiénes son esos acreedores a los que el señor Fujimori quiere favorecer con' una disposición por completo írrita, publicada a la sombra de los ajetreos de Navidad y Año Nuevo? ¿Serán los financiadores de su campaña electoral?... El gobierno está en la obligación de responder. Se trata de una resolución dolosa que es necesario esclarecer, sean peruanos o extranjeros los favorecidos. (Su explicación posterior, del viernes pasado, nada aclara sobre lo esencial).
Otro de los sucesos notorios de la semana pasada ha sido la noticia de que el Perú encabeza la estadística del crecimiento económico en América Latina. Lo que, indudablemente, es alentador y fortalece las esperanzas de up mañana mejor. Pero, aparte de que un resultado estadístico debe analizarse con profesionalidad para sacar conclusiones serias, de poco vale ese crecimiento económico sí, como ocurre ahora en el Perú, sigue aumentando el número de hambrientos y de gente que no lee. De poco vale estar, como ha dicho el doctor Pérez de Cuéllar, a la cabeza de las estadísticas de crecimiento económico, si no ha decrecido el cuadro de extrema pobreza que registra el país. Cuadro cada día más pavoroso, al que se van añadiendo los miembros de una clase media en extinción.
Pero lo más notorio de estos días y del proceso electoral hasta hoy, ha sido la confirmación de que el Ejército participa en las elecciones como partido político con candidato propio, actuando como fuerza de choque contra las candidaturas contrarias a la reelección de Fujimori. A la balacera de la Policía contra un grupo aprista en el norte, con el saldo de un dirigente de ese partido asesinado y otros varios heridos de consideración, se le une otra balacera, ahora del Ejército, contra el comando de Acción Popular. Los hechos ocurrieron en esta oportunidad en las cercanías de Huánuco y en ellos ha destacado la actitud agresiva e insolente del oficial que se enfrentó a Raúl Diez Canseco y a los otros miembros de su fórmula presidencial de AP. No hubo en esta ocasión sangre derramada. Pero en la violencia desafiante del oficial quedó retratada la consigna de la hora: la oposición no debe pisar las provincias bajo mando militar -más de la mitad del territorio nacional- bajo riesgo de ser abaleados sus emisarios.
Sin embargo, con ser repudiables estos hechos, más grave y notorio es el cuasi silencio de los medios de difusión frente a ellos. Y también la displicencia del público. Aunque no es de extrañar que un pueblo, que se deslumbra ante los 'pendejos', o sea ante las personas que en lugar de lucir sus atributos varoniles exhiben una triste pelambre, no tenga bríos para reaccionar altivamente frente al abuso del poder.
Notoria ha sido la lección de los parlamentarios de la oposición en Argentina que se negaron a estar presentes en el hemiciclo parlamentario junto al jefe de Estado peruano, Alberto Fujimori, por estimar que era una afrenta a su propia dignidad compartir al recinto de las leyes argentinas con quien, violando la Constitución, disolvió el Congreso. La lección fue para los parlamentarios peruanos que se titulan de oposición y que, con su presencia y sus emolumentos, avalan al régimen violador de las leyes.
Para suavizar la situación, 'inteligentemente', el señor Fujimori prometió que no volvería a disolver el Congreso. Reacción altamente ridícula, pues todavía se escuchan sus autoelogios para el golpe militar del 6 de abril de 1992. Además ¿de qué arrepentimiento se trata si intenta reelegirse por disposición 'constitucional' dictada por él y sin ley previa que rija las condiciones de la reelección? Confesar culpable de un delito y, a la vez, pretender redimirse de él, sin haber pagado por la culpa, es una picardía no un gesto inteligente ni moral, es una pretensión que sólo un pueblo manso puede soportar.
Notorio ha sido el artículo del doctor Manuel Moreyra, publicado en 'El Comercio' el miércoles pasado. Informa en su nota el doctor Moreyra, que este gobierno, gran hablador de moralidad, acaba de publicar el 14 de diciembre -cuando todo el mundo estaba distraído mirando la Navidad y el Año Nuevo- un decreto de urgencia que obliga al Estado a asumir las deudas del Banco Popular, entidad que se rige como sociedad privada y que, por lo tanto, no puede ser de responsabilidad del Estado. Recuerda para el caso la decisión del gobierno belaundista, en 1983, de asumir el pago de las acreencias contraídas por la Compañía Nacional de Vapores en la extraña operación relacionada con los barcos Mantaro y Pachitea, caballo de batalla del señor Fujimori contra los gobiernos de las democracias caducas e inoperantes, corruptas. Y, aunque el doctor Moreyra no menciona, por olvido seguramente, que esa disposición de 1983 fue corregida por el propio gobierno belaundista, declarándola nula, señala la similitud de esta operación, tan dura e insistentemente criticada por Fujimori, con el decreto que acaba de publicasen favor de los acreedores del Banco Popular. Al parecer, con un agravante en el caso del Banco Popular, que se desprende de las preguntas con las que concluye su artículo el doctor Moreyra. La deuda por el alquiler o compra -no está esclarecido el enredo- de los barcos Mantaro y Pachitea, que este gobierno se ha obligado a cancelar, está en manos de dos bancos extranjeros mientras que las deudas del Banco Popular estarían, por lo que insinúan las preguntas del doctor Moreyra, en manos de particulares peruanos. ¿Quiénes son esos acreedores a los que el señor Fujimori quiere favorecer con' una disposición por completo írrita, publicada a la sombra de los ajetreos de Navidad y Año Nuevo? ¿Serán los financiadores de su campaña electoral?... El gobierno está en la obligación de responder. Se trata de una resolución dolosa que es necesario esclarecer, sean peruanos o extranjeros los favorecidos. (Su explicación posterior, del viernes pasado, nada aclara sobre lo esencial).
Otro de los sucesos notorios de la semana pasada ha sido la noticia de que el Perú encabeza la estadística del crecimiento económico en América Latina. Lo que, indudablemente, es alentador y fortalece las esperanzas de up mañana mejor. Pero, aparte de que un resultado estadístico debe analizarse con profesionalidad para sacar conclusiones serias, de poco vale ese crecimiento económico sí, como ocurre ahora en el Perú, sigue aumentando el número de hambrientos y de gente que no lee. De poco vale estar, como ha dicho el doctor Pérez de Cuéllar, a la cabeza de las estadísticas de crecimiento económico, si no ha decrecido el cuadro de extrema pobreza que registra el país. Cuadro cada día más pavoroso, al que se van añadiendo los miembros de una clase media en extinción.
Pero lo más notorio de estos días y del proceso electoral hasta hoy, ha sido la confirmación de que el Ejército participa en las elecciones como partido político con candidato propio, actuando como fuerza de choque contra las candidaturas contrarias a la reelección de Fujimori. A la balacera de la Policía contra un grupo aprista en el norte, con el saldo de un dirigente de ese partido asesinado y otros varios heridos de consideración, se le une otra balacera, ahora del Ejército, contra el comando de Acción Popular. Los hechos ocurrieron en esta oportunidad en las cercanías de Huánuco y en ellos ha destacado la actitud agresiva e insolente del oficial que se enfrentó a Raúl Diez Canseco y a los otros miembros de su fórmula presidencial de AP. No hubo en esta ocasión sangre derramada. Pero en la violencia desafiante del oficial quedó retratada la consigna de la hora: la oposición no debe pisar las provincias bajo mando militar -más de la mitad del territorio nacional- bajo riesgo de ser abaleados sus emisarios.
Sin embargo, con ser repudiables estos hechos, más grave y notorio es el cuasi silencio de los medios de difusión frente a ellos. Y también la displicencia del público. Aunque no es de extrañar que un pueblo, que se deslumbra ante los 'pendejos', o sea ante las personas que en lugar de lucir sus atributos varoniles exhiben una triste pelambre, no tenga bríos para reaccionar altivamente frente al abuso del poder.
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