Semana cargada de curiosas novedades y negros nubarrones ha sido la que acaba de pasar. Por un lado, el Congreso da muestras -aunque equívocas- de sentirse animado a sintonizar con las ideas del buen orden democrático y plantea la 'bajada al llano' del presidente que postule a la reelección y habla de distrito electoral múltiple; mientras que por otros lados se acrecienta gratuitamente la tirantez en las relaciones con Estados Unidos y se Intensifica la división interna en las Fuerzas Armadas.
Curiosa novedad la que nos ofrece el CCD con la renuncia presidencial seis meses antes de la reelección. Primero, porque de novedoso nada tiene. Es copia vulgar de la ‘bajada al llano’ de Manuel Apolinario Odría, el dictador que se presentó a la contienda electoral del 50 con su compadre Zenón Noriega en Palacio y su opositor, Ernesto Montagne, en la cárcel. Naturalmente que peleando solo, teniendo a su sombra por contrincante, el triunfo de Odría fue abrumador. En esta oportunidad, el Congreso apodado Democrático nos ofrece un candidato presidencial -Alberto Fujimori- con una renuncia de seis meses al cargo, pero con Santiago Fujimori y las hermanitas Fujimori en Palacio y Nicola di Bari Hermoza, el socio mayor de la empresa gubernamental Fujimori Fujimori S.A., en la Comandancia mejor armada y al mando del Comando Conjunto. Elecciones al más puro estilo Odría no se pueden dar. También en esa época se argumentó que era injusto pedirle la renuncia a funcionarios de segunda y quinta categoría que quisieran postular y no hacer lo mismo con el presidente de la República. Una grotesca falacia usada, igual ayer que hoy, para disimular u ocultar la verdadera razón del porqué de esa constante exigencia en las legislaciones electorales de toda América Latina, salvo raras excepciones, obligando a los funcionarios públicos a renunciar a sus cargos antes de postular a una elección: los legisladores siempre han entendido que en estos lares no es posible haya imparcialidad en una elección en la que participen los que son gobierno. Y mucho menos si el postulante es presidente de la República. De allí que, en consecuencia con la realidad sociológica de estos estados, con sus usos, costumbres y tradiciones, sus legislaciones no consideren la renuncia presidencial -porque sería una mascarada- sino que prohíban terminantemente la reelección de los jefes de gobierno.
La prohibición, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, para que los presidentes postulen a la reelección no es un capricho legislativo. Es resultado del estudio de nuestras idiosincrasias y de nuestros pasados históricos, demasiados cargados de aterradores ejemplos reeleccionistas: Díaz, en México, Gómez en Venezuela, Leguía en el Perú, Perón en Argentina... Todos ellos reelegidos de acuerdo a las normas dictadas por ellos mismos desde el poder. Igual que Fujimori, elegido de acuerdo a disposiciones constitucionales -que él juró respetar- que prohibían y prohíben hasta hoy su reelección.
En cuanto al distrito electoral múltiple es otra gansada del CCD. Asamblea única de 120 curules de origen comarcano es hundir al Parlamento en el provincialismo, en la chatura aldeana, en los pleitos de comadres. Dividir los 120 asientos en nacionales y distritales sería otro disparate, pues la diferencia de origen de los congresistas, dentro de una misma asamblea, crearía una irritante división y pugnas colegiales, que distraerían los debates. Con su novísima apertura, el CCD vuelve a recordarnos que no hay mejor Parlamento que el bicameral. Con una Cámara reflexiva -el Senado- elegida en distrito electoral único, nacional, con postulantes ya maduros y representativos de los hombres que han llegado a tener resonancia en todo el territorio nacional. Y una Cámara baja, de diputados, representativa de las regiones y las provincias, con elementos más jóvenes, más vigorosos, más comprometidos con la voluntad popular y los intereses provincianos. Eso es Parlamento y no la Asamblea unicameral de distrito único -como la diseñada en la Constitución del CCD-, que significa el control de las elecciones desde Lima, desde las cúpulas partidarias. Mientras que la de distrito electoral múltiple seria lo que hemos dicho más arriba: transformar el Parlamento en una olla de grillos comarcanos.
Pero otros han sido los hechos que han puesto en tensión a la opinión pública. El menos, sonado, pero no por soterrado de poca intensidad, ha sido la cada vez más tensa fricción en las relaciones peruano-norteamericanas, concretada en las agresivas reacciones del ministro de Justicia y en las suspicacias norteamericanas -al parecer basadas en pruebas documentales- sobre lo que está ocurriendo en el Huallaga, zona donde más que reales operativos militares se estaría desarrollando una gran maniobra sicológica para aparentar una 'victoria' que levante la figura electoral de Fujimori. Es claro que la maniobra es real, con tiros y con rockets, con tropa invadiendo la zona, lo que habría causado no pocos crímenes horrendos, de los que no faltan testimonios muy verosímiles, recogidos por periodistas, cecedistas y por alguien que no puede ser tildado de extremista ni de enemigo del régimen, como Francisco Diez Canseco Távara, presidente de la Comisión de Paz.
Pareciera que al ver desvanecerse el proyecto reeleccionista de Fujimori frente a la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar, el gobierno pierde los papeles y se desborda desesperadamente, sin medir las graves consecuencias de un enfrentamiento con Estados Unidos.
Pero donde Fujimori y su guardia pretoriana se han dejado arrastrar por el odio y la sinrazón es en el juicio que le abrieron a los generales en retiro que, con frecuencia, opinan en diarios, revistas, radios y televisoras. Son todos ellos oficiales brillantes, con juicios claros y de interés, que por eso son solicitados por la prensa para que se expresen públicamente. Todos han sido condenados por opinar, por hacer uso de un derecho consagrado por la Constitución en favor de todos los ciudadanos. Y ellos lo son. Aunque no ciudadanos del común, sino de la elite pensante del país.
Grave injusticia se ha cometido contra los generales Cisneros, Pastor Vives, Jarama y Parra. Pero contra el general Salinas Sedó se está llegando al delirio de la sevicia. A él se piensa condenarlo a cuatro años por hacer uso de su libertad de expresión y en un expediente de la Caja Militar, en la que aparecía como testigo, se le ha transformado en acusado. Contra viento y marea, contra los más elementales dictados de la ecuanimidad política se le quiere mantener encarcelado al general que tuvo el gesto altivo de cumplir el mandato constitucional de sublevarse ante la violación militar de la Carta Magna. Al verse obligados, por la presión internacional, a ponerlo en libertad por el delito de obedecer a la Constitución, Fujimori y su guardia pretoriana, los golpistas del 5 de abril del 92, han decidido endilgarle otros juicios y otros castigos. Lo que quieren es doblegar moralmente, con la cárcel, al general Jaime Salinas Sedó. Lo que no saben los pretorianos de Fujimori es que los hombres de a verdad mueren de pie, con la frente alta, mirando al cielo, no a la basura. Aunque ¿por qué decir que Salinas Sedó no obtendrá justicia y pronto?
Curiosa novedad la que nos ofrece el CCD con la renuncia presidencial seis meses antes de la reelección. Primero, porque de novedoso nada tiene. Es copia vulgar de la ‘bajada al llano’ de Manuel Apolinario Odría, el dictador que se presentó a la contienda electoral del 50 con su compadre Zenón Noriega en Palacio y su opositor, Ernesto Montagne, en la cárcel. Naturalmente que peleando solo, teniendo a su sombra por contrincante, el triunfo de Odría fue abrumador. En esta oportunidad, el Congreso apodado Democrático nos ofrece un candidato presidencial -Alberto Fujimori- con una renuncia de seis meses al cargo, pero con Santiago Fujimori y las hermanitas Fujimori en Palacio y Nicola di Bari Hermoza, el socio mayor de la empresa gubernamental Fujimori Fujimori S.A., en la Comandancia mejor armada y al mando del Comando Conjunto. Elecciones al más puro estilo Odría no se pueden dar. También en esa época se argumentó que era injusto pedirle la renuncia a funcionarios de segunda y quinta categoría que quisieran postular y no hacer lo mismo con el presidente de la República. Una grotesca falacia usada, igual ayer que hoy, para disimular u ocultar la verdadera razón del porqué de esa constante exigencia en las legislaciones electorales de toda América Latina, salvo raras excepciones, obligando a los funcionarios públicos a renunciar a sus cargos antes de postular a una elección: los legisladores siempre han entendido que en estos lares no es posible haya imparcialidad en una elección en la que participen los que son gobierno. Y mucho menos si el postulante es presidente de la República. De allí que, en consecuencia con la realidad sociológica de estos estados, con sus usos, costumbres y tradiciones, sus legislaciones no consideren la renuncia presidencial -porque sería una mascarada- sino que prohíban terminantemente la reelección de los jefes de gobierno.
La prohibición, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, para que los presidentes postulen a la reelección no es un capricho legislativo. Es resultado del estudio de nuestras idiosincrasias y de nuestros pasados históricos, demasiados cargados de aterradores ejemplos reeleccionistas: Díaz, en México, Gómez en Venezuela, Leguía en el Perú, Perón en Argentina... Todos ellos reelegidos de acuerdo a las normas dictadas por ellos mismos desde el poder. Igual que Fujimori, elegido de acuerdo a disposiciones constitucionales -que él juró respetar- que prohibían y prohíben hasta hoy su reelección.
En cuanto al distrito electoral múltiple es otra gansada del CCD. Asamblea única de 120 curules de origen comarcano es hundir al Parlamento en el provincialismo, en la chatura aldeana, en los pleitos de comadres. Dividir los 120 asientos en nacionales y distritales sería otro disparate, pues la diferencia de origen de los congresistas, dentro de una misma asamblea, crearía una irritante división y pugnas colegiales, que distraerían los debates. Con su novísima apertura, el CCD vuelve a recordarnos que no hay mejor Parlamento que el bicameral. Con una Cámara reflexiva -el Senado- elegida en distrito electoral único, nacional, con postulantes ya maduros y representativos de los hombres que han llegado a tener resonancia en todo el territorio nacional. Y una Cámara baja, de diputados, representativa de las regiones y las provincias, con elementos más jóvenes, más vigorosos, más comprometidos con la voluntad popular y los intereses provincianos. Eso es Parlamento y no la Asamblea unicameral de distrito único -como la diseñada en la Constitución del CCD-, que significa el control de las elecciones desde Lima, desde las cúpulas partidarias. Mientras que la de distrito electoral múltiple seria lo que hemos dicho más arriba: transformar el Parlamento en una olla de grillos comarcanos.
Pero otros han sido los hechos que han puesto en tensión a la opinión pública. El menos, sonado, pero no por soterrado de poca intensidad, ha sido la cada vez más tensa fricción en las relaciones peruano-norteamericanas, concretada en las agresivas reacciones del ministro de Justicia y en las suspicacias norteamericanas -al parecer basadas en pruebas documentales- sobre lo que está ocurriendo en el Huallaga, zona donde más que reales operativos militares se estaría desarrollando una gran maniobra sicológica para aparentar una 'victoria' que levante la figura electoral de Fujimori. Es claro que la maniobra es real, con tiros y con rockets, con tropa invadiendo la zona, lo que habría causado no pocos crímenes horrendos, de los que no faltan testimonios muy verosímiles, recogidos por periodistas, cecedistas y por alguien que no puede ser tildado de extremista ni de enemigo del régimen, como Francisco Diez Canseco Távara, presidente de la Comisión de Paz.
Pareciera que al ver desvanecerse el proyecto reeleccionista de Fujimori frente a la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar, el gobierno pierde los papeles y se desborda desesperadamente, sin medir las graves consecuencias de un enfrentamiento con Estados Unidos.
Pero donde Fujimori y su guardia pretoriana se han dejado arrastrar por el odio y la sinrazón es en el juicio que le abrieron a los generales en retiro que, con frecuencia, opinan en diarios, revistas, radios y televisoras. Son todos ellos oficiales brillantes, con juicios claros y de interés, que por eso son solicitados por la prensa para que se expresen públicamente. Todos han sido condenados por opinar, por hacer uso de un derecho consagrado por la Constitución en favor de todos los ciudadanos. Y ellos lo son. Aunque no ciudadanos del común, sino de la elite pensante del país.
Grave injusticia se ha cometido contra los generales Cisneros, Pastor Vives, Jarama y Parra. Pero contra el general Salinas Sedó se está llegando al delirio de la sevicia. A él se piensa condenarlo a cuatro años por hacer uso de su libertad de expresión y en un expediente de la Caja Militar, en la que aparecía como testigo, se le ha transformado en acusado. Contra viento y marea, contra los más elementales dictados de la ecuanimidad política se le quiere mantener encarcelado al general que tuvo el gesto altivo de cumplir el mandato constitucional de sublevarse ante la violación militar de la Carta Magna. Al verse obligados, por la presión internacional, a ponerlo en libertad por el delito de obedecer a la Constitución, Fujimori y su guardia pretoriana, los golpistas del 5 de abril del 92, han decidido endilgarle otros juicios y otros castigos. Lo que quieren es doblegar moralmente, con la cárcel, al general Jaime Salinas Sedó. Lo que no saben los pretorianos de Fujimori es que los hombres de a verdad mueren de pie, con la frente alta, mirando al cielo, no a la basura. Aunque ¿por qué decir que Salinas Sedó no obtendrá justicia y pronto?
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