Hace, años ya, cuando se hacía visible que el mandatario de entonces no sólo era un joven irresponsable, de verbo florido, sino también un desaprensivo acumulador de residencias y otros bienes, OIGA logró demostrar que eran ciertas esas alarmantes apreciaciones. Los documentos cantaban la verdad: las minuciosas y públicas cuentas del mandatario no cuadraban. Había quedado fuera de su exhaustiva contabilidad, por lo menos, una residencia en la playa. En resguardo de la moral pública, cumpliendo lo que creía era su deber y no en gesto de animadversión política, igual que lo había hecho en mil otras oportunidades en el curso de su larga historia, OIGA alzó la voz y persistió en su denuncia. Ya no había argumentos ni cifras para responder. Ya no hubo cartas altisonantes del mandatario, leídas en el Senado, contra el que estas líneas, escribe. Esa vez, como otras veces en otros tiempos y, sobre todo, en los actuales, se dio con éxito la callada por respuesta. Y peor aún: nadie acompañó a OIGA en la denuncia. En ese entonces Alan García estaba en el apogeo del poder y dispensaba sus favores a lo doce apóstoles, los mismos que luego lo satanizaron -cuando les tocó el bolsillo- y que hoy han vuelto a la mesa de los repartos, teniendo a Fujimori de redentor de sus tribulaciones. Nadie se quiso alzar contra el poder. Los apóstoles por satisfechos y sus amigos por comodones. Esa loca democracia le estaba haciendo daño a la democracia y al país, pero les iba bien con ella y ellos, según se dice sin que protesten, “no son políticos sino negociantes". Otros -muchísimos- callaron por temor. El poder era Alan. Nos quedamos solos. Y la callada por respuesta resultó triunfante.
Valgan estos recuerdos no como cansado repaso del pasado sino como advertencia de que OIGA está acostumbrada a quedarse sola y no le importa que ahora le vuelva a ocurrir lo mismo en el caso Vittor. También sirva el recuerdo como referencia a la preocupación constante de OIGA por ser fiel a una conducta principista, no de circunstancias. No es, pues, ánimo político contra el régimen del señor Fujimori, desenfreno ciego y gratuito contra el ‘enemigo’, lo que nos lleva en estos días a señalar la incapacidad del señor Raúl Vittor para ser ministro. Es preocupación moral lo que nos alienta a actuar como actuamos, es inquietud porque el país mejore, en sus relaciones humanas, en el respeto a los derechos del vecino, en la adecuación de las conductas cívicas a normas superiores a los apetitos personales. Y es cierto lo que dice el ministro Vittor: que nadie se ocuparía de él ni de sus fechorías santiaguinas si no fuera porque hoy es ministro de Estado. Es cierto, las acusaciones que se le hacen son políticas: ¡Qué tal descubrimiento señor Vittor! Claro que nos ocupamos de él no porque sea el constructor Vittor sino el ministro Vittor y más todavía por ser ministro de la Presidencia, por ser el agente promotor de la candidatura a la presidencia del actual jefe de Estado, Alberto Fujimori. Sí, es verdad lo que dice. Si no fuera político, de Vittor nadie se ocuparía, a nadie le importaría sus negocios y encubrimientos, fuera del grupo de sus amigos y, sobre todo, de sus damnificados, porque también hay damnificados en esta historia santiaguina. (Ver nota).
Cuando se mete uno a político, señor Vittor, se pone uno en candelero para, desde esa situación expectante, ser ejemplo de discreción, cordura, efectividad, o ser piedra de escándalo. El político actúa para la colectividad, señor Vittor, y es juzgado por ella, por el público, no por su círculo amical. Ese es el riesgo de meterse a político señor Vittor. No es tarea fácil y, menos, cuando se es piedra de escándalo y eso, piedra de escándalo, es el actual ministro de la Presidencia, gracias a su escandalosa relación con un prófugo de la justicia y a las acusaciones judiciales que se le hacen en Santiago de Chile. Para sortear los escollos que estas situaciones presentan se requiere el respaldo de los tanques militares -el señor Fujimori, el de las construcciones con evasión de impuestos, le puede explicar a Vittor cómo se hace para lograrlo- o vivir en un país como el Perú de hoy, donde las nociones de la moral han desaparecido, donde la ética ha entrado en desuso, donde saciar apetitos personales es la meta de las minorías dirigentes y dónde los egoísmos, las ruindades útiles, el afán de lucro vuelan como buitres satisfechos sobre famélicas multitudes. Vittor, el de la doble t, está salvado. Lo ha salvado hallarse en el reino de la amoralidad.
Y en este punto es imposible pasar por alto recientes declaraciones del decano del Colegio de Abogados sobre la reelección de los miembros del CCD. Chocan con tal violencia en cualquier sensibilidad con un mínimo de sentido moral, que callar sería un crimen de encubrimiento. Y no callaremos; agregando, eso sí, nuestra sospecha de que la versión periodística ha podido suprimir matices que en algo podrían haber morigerado el desagradable impacto de esas declaraciones.
No somos abogados y no es en el terreno estrictamente legal que plantearemos nuestro horrorizado rechazo a la tesis de que “no hay prohibición alguna para que los congresistas (del CCD) sean reelegidos”. ¿Cómo que no hay prohibición alguna? ¿Es justo, puede ser válido ante la justicia, ante la verdad, ante el orden moral, que quienes se presentaron a una elección con el compromiso a firme, escrito y solemne de que no intentarían ser reelectos, redacten una Constitución que deje sin esclarecer el punto y después se consideren con derecho a la reelección? Sin entrar en consideraciones en torno a los alcances legales de las obligaciones contraídas entre electores y elegidos -sobre lo que los juristas mucho podrían decir- ¿es posible que puedan ser olímpicamente saltados a la garrocha por los abogados los mandatos de la moral, del compromiso ético admitido no sólo en conciencia -que ya es bastante- sino cumplido de acuerdo a normas publicadas, conocidas por los votantes y tomadas como obligatorias por los candidatos? ¿Qué cosa es la ley, entonces? ¿Qué cosa es la justicia?
Sólo en un país sin moral, en el reino de la amoralidad, puede darse lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo en el Perú.
Valgan estos recuerdos no como cansado repaso del pasado sino como advertencia de que OIGA está acostumbrada a quedarse sola y no le importa que ahora le vuelva a ocurrir lo mismo en el caso Vittor. También sirva el recuerdo como referencia a la preocupación constante de OIGA por ser fiel a una conducta principista, no de circunstancias. No es, pues, ánimo político contra el régimen del señor Fujimori, desenfreno ciego y gratuito contra el ‘enemigo’, lo que nos lleva en estos días a señalar la incapacidad del señor Raúl Vittor para ser ministro. Es preocupación moral lo que nos alienta a actuar como actuamos, es inquietud porque el país mejore, en sus relaciones humanas, en el respeto a los derechos del vecino, en la adecuación de las conductas cívicas a normas superiores a los apetitos personales. Y es cierto lo que dice el ministro Vittor: que nadie se ocuparía de él ni de sus fechorías santiaguinas si no fuera porque hoy es ministro de Estado. Es cierto, las acusaciones que se le hacen son políticas: ¡Qué tal descubrimiento señor Vittor! Claro que nos ocupamos de él no porque sea el constructor Vittor sino el ministro Vittor y más todavía por ser ministro de la Presidencia, por ser el agente promotor de la candidatura a la presidencia del actual jefe de Estado, Alberto Fujimori. Sí, es verdad lo que dice. Si no fuera político, de Vittor nadie se ocuparía, a nadie le importaría sus negocios y encubrimientos, fuera del grupo de sus amigos y, sobre todo, de sus damnificados, porque también hay damnificados en esta historia santiaguina. (Ver nota).
Cuando se mete uno a político, señor Vittor, se pone uno en candelero para, desde esa situación expectante, ser ejemplo de discreción, cordura, efectividad, o ser piedra de escándalo. El político actúa para la colectividad, señor Vittor, y es juzgado por ella, por el público, no por su círculo amical. Ese es el riesgo de meterse a político señor Vittor. No es tarea fácil y, menos, cuando se es piedra de escándalo y eso, piedra de escándalo, es el actual ministro de la Presidencia, gracias a su escandalosa relación con un prófugo de la justicia y a las acusaciones judiciales que se le hacen en Santiago de Chile. Para sortear los escollos que estas situaciones presentan se requiere el respaldo de los tanques militares -el señor Fujimori, el de las construcciones con evasión de impuestos, le puede explicar a Vittor cómo se hace para lograrlo- o vivir en un país como el Perú de hoy, donde las nociones de la moral han desaparecido, donde la ética ha entrado en desuso, donde saciar apetitos personales es la meta de las minorías dirigentes y dónde los egoísmos, las ruindades útiles, el afán de lucro vuelan como buitres satisfechos sobre famélicas multitudes. Vittor, el de la doble t, está salvado. Lo ha salvado hallarse en el reino de la amoralidad.
Y en este punto es imposible pasar por alto recientes declaraciones del decano del Colegio de Abogados sobre la reelección de los miembros del CCD. Chocan con tal violencia en cualquier sensibilidad con un mínimo de sentido moral, que callar sería un crimen de encubrimiento. Y no callaremos; agregando, eso sí, nuestra sospecha de que la versión periodística ha podido suprimir matices que en algo podrían haber morigerado el desagradable impacto de esas declaraciones.
No somos abogados y no es en el terreno estrictamente legal que plantearemos nuestro horrorizado rechazo a la tesis de que “no hay prohibición alguna para que los congresistas (del CCD) sean reelegidos”. ¿Cómo que no hay prohibición alguna? ¿Es justo, puede ser válido ante la justicia, ante la verdad, ante el orden moral, que quienes se presentaron a una elección con el compromiso a firme, escrito y solemne de que no intentarían ser reelectos, redacten una Constitución que deje sin esclarecer el punto y después se consideren con derecho a la reelección? Sin entrar en consideraciones en torno a los alcances legales de las obligaciones contraídas entre electores y elegidos -sobre lo que los juristas mucho podrían decir- ¿es posible que puedan ser olímpicamente saltados a la garrocha por los abogados los mandatos de la moral, del compromiso ético admitido no sólo en conciencia -que ya es bastante- sino cumplido de acuerdo a normas publicadas, conocidas por los votantes y tomadas como obligatorias por los candidatos? ¿Qué cosa es la ley, entonces? ¿Qué cosa es la justicia?
Sólo en un país sin moral, en el reino de la amoralidad, puede darse lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo en el Perú.
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