Canta Claro

Por FRANCISCO IGARTUA

HAY UNA PERVERSA LÍNEA DIVISORIA ENTRE MILITARES Y CIVILES

En estos días electorales vemos, entre sonrientes y asombrados, a un candidato (Castañeda) asegurando que él no hace ni hará guerra sucia, creyendo que nosotros (no sé si la multitud) nos chupamos el dedo y no hemos reparado que él, Barba y Rey son la misma candidatura, mientras su oponente (Andrade) cae en la trampa de la agresión por interpósitas personas. Por lo tanto, con la vaga esperanza de que el debate de mañana sea una seria confrontación de ideas y no una riña con barras en mitad de la calle, prefiero (dejando la solemne primera persona del plural) no tocar el tema electoral y dedicar estas líneas a hacer memoria de lo que ocurrió en esta desdichada nación hace diez años. En abril del 92 un grupo de militares dio un golpe de estado para atornillar en la presidencia a Fujimori y, en noviembre, otros militares salieron en defensa de la Constitución haciendo uso del derecho de insurgencia, que en este caso era mandato constitucional, ya que los insurgentes sabían lo que le esperaba a la República con el plan de 20 a 30 años que se habían trazado los golpistas.

Comportamientos que daban vergüenza

En abril de ese año las protestas ciudadanas y las de la prensa (salvo excepciones) fueron minúsculas y muchas sólo para salvar la cara. En noviembre el comportamiento de periódicos y ciudadanos fue vergonzoso. A quienes se habían sublevado, arriesgando la vida, en defensa del orden constitucional y democrático, se les tildó de ambiciosos, alteradores del orden y jgolpistas! En este pobre país donde nunca se ha entendido que el orden público no es sometimiento de gobernados a mandatarios sino convenio de relación entre ciudadanos y gobernantes, un pacto social que, si se cumple, nos haría nación civilizada; en este territorio de desconcertadas gentes (como decían con razón nuestros mayores), donde hasta ahora no se entiende que rebeliones militares como aquella del 13 de noviembre del 92 son voces de alerta para que comprendamos que, el orden constitucional e institucional es respeto a la ley establecida y no a la ley que los golpistas imponen con el señuelo de "poner orden", el falso orden en el que se ha mecido desde siempre nuestra República.

Obligaciones incumplidas

La traición y la deserción (que son una constante en la historia peruana) hicieron fracasar el 92 aquella noble rebelión de militares con sensibilidad democrática. Un gesto que, sin embargo, no fue del todo inútil, pues sirvió para desnudar el temple del cabecilla golpista. Fujimori, igual que años después, corrió a refugiarse en la embajada del Japón; y, luego de fracasada la rebelión, impuso el orden de siempre. Inventó un magnicidio, fraguó documentos y llevó a los oficiales constitucionalistas (ante el silencio mayoritario de la prensa y la ciudadanía) a una pantomima de juicio militar, no sin antes haberlos vejado encerrándolos en el penal Castro Castro, luego aislándolos en un viejo cuartel con ventanas tapiadas y, por último, confinándolos durante 31 meses en el Real Felipe.

Amnistiados el 16 de junio de 1995, salieron en libertad, pero sus derechos son conculcados hasta hoy, como si el viejo "orden" no perdiera imperio. De nada ha servido la Ley 27436 del 15 de marzo de 2001, pues los líderes insurrectos no son repuestos y se les niega el ascenso, la recuperación de sus tiempos de servicio y otros merecimientos que, sin solicitud de por medio, se les debería reconocer.

He querido recordar el acto de rebeldía del 13 de noviembre de 1992 para que sirva de ejemplo a los militares jóvenes y a la civilidad toda, hoy lista para hacer uso de las urnas en libertad, aunque, en el caso de las elecciones regionales, sin normas ni concierto establecidos.

Es extraño que el Congreso no pueda reivindicar plenamente a los rebeldes del 92, a pesar de que esa negativa pueda llevar a muchos peruanos de mente despejada a sospechar que nuestros políticos, con la ceguera de siempre, hayan trazado una línea divisoria entre civiles y militares, como si todos los milita-res hubieran sido cómplices de Fujimori, Montesinos y Hermoza. A sabiendas de que son más los civiles (entre ellos Fujimori y Montesinos) los que salieron beneficiados de la dictadura legalizada por la OEA ese mismo año de 1992. Es extraño que el Congreso no les haya otorgado un reconocimiento mínimo a quie-nes expusieron su vida (el general Salinas fue perseguido a balazos) para reabrir el Parlamento clausurado por Fujimori y entregar el mando al legítimo presidente (San Román). Y también es extraño que el actual presidente constitucional, doctor Toledo, no ordene reconocer de una vez por todos los méritos de quienes cumplieron el mandato constitucional de insurgencia contra el golpismo.

Fuente:

FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA