lunes, 4 de marzo de 2013


Canta claro
Por FRANCISCO IGARTUA
SI QUEREMOS QUE LA CONSTITUCIÓN SEA INVIOLABLE…

El "Canta Claro" de la semana pasada, por problemas de tipeo en la imprenta, apareció con algunos párrafos bastante confusos. Mil disculpas y, además, un añadido a mi opinión sobre la reforma constitucional en debate.
Soy partidario de la reposición de la Constitución del 79, no por simpatía a nadie ni porque crea que es buena o mala (no soy constitucionalista, ni siquiera abogado). Son razones éticas y pedagógicas las que me llevan a reclamar que el Congreso reivindique la legitimidad de esa Constitución, pues si el origen principal de nuestro subdesarrollo es el desprecio peruano a la ley, desprecio tanto de los de arriba como los de abajo, y si la obligación mayor de los mandatarios es educar, se hace obligatorio en las actuales circunstancias dar una lección ejemplar de respeto a las normas legales.
Hay también razones éticas y morales
Habrá muchas razones jurídicas para alegar que la Constitución del 93 impera porque fue ratificada electoralmente por el pueblo. Pero esas razones no tienen valor ético ni moral. Son, más bien, la peor lección que puedan recibir los peruanos. Es justificar que el atropello a la ley se pueda imponer sea por la fuerza de las armas, por picardía o por elecciones amañadas y, por lo tanto, fraudulentas. El pueblo no merece ser engañado con razones jurídicas. Lo que el pueblo mereces que la autoridad le enseñe, lo eduque en el respeto a la ley y en el castigo a quienes la quebranten. Y el golpe militar del 92 no fue, otra cosa que una vulgar violación de la ley con premio a los violadores. Una imagen que obliga a explicarle al pueblo que ese no es el camino de hacer nación y desarrollamos. Lo que el Perú necesita es asistir a una lección de escarmiento y ver en el banquillo a los ministros que avalaron aquella aberración, a los militares que la ejecutaron y a quienes la planearon. También, para que la lección sea completa, habría que aplaudir, aunque sea sólo virtualmente, a los que, como el ministro Alfonso de los Heros, supieron cumplir su deber cívico devolviendo de inmediato la faja ministerial o el cargo que desempeñaban. Fueron muy pocos, pero fueron y merecen el reconocimiento ciudadano. Así se enseña a no pasarse la luz roja, que es lo que no hicieron el jueves en el Congreso algunos parlamentarios defensores de la Carta del 79, pasándose a la torera el Reglamento. Uno de ellos (el aprista Zumaeta) hizo que los diez minutos reglamentarios se hicieran veinte.
Pero ¿y el orden jurídico?
Yo, lego en la materia, me atrevo a dar un consejo que la habilidad de abogados y congresistas sabrán darle vestimenta jurídica. ¿Qué impedimento hay para que al mismo tiempo se derogue la Constitución que avaló el golpe del 92, se les dé validez jurídica a los actos desprendidos de ella y se restablezca la vigencia de la Constitución del 79, con las enmiendas aprobadas por el actual Congreso?
Un perverso hábito violador
Que esta operación extienda el tiempo previsto para concluir el debate constitucional, no tiene importancia desde el punto de vista pedagógico, porque, mientras tanto, se castigaría, por lo menos moralmente a los felones, poniendo en carteleras, junto a Fujimori y Montesinos, al ministro Blaker Miller y a sus colegas, a los directivos de los medios de comunicación invitados al pronunciamiento y a los que se limitaron a una protocolar condena (para salvar la cara ante la historia) y luego apoyaron a los golpistas durante años. Será un castigo virtual, pero cumplirá una tarea educativa. No será un gesto vano, como tampoco lo será el elogio que se les dispense a las autoridades (poquísimas) que se negaron a aprobar el legicidio y a los militares, encabezados por Salinas, que se alzaron en defensa de la Constitución ultrajada. ¡Que sufran aquellos, castigo y vergüenza moral y los ciudadanos que se comportaron con dignidad reciban reconocimiento a su gesto ejemplar!
En resumen: si queremos educar al país, debemos desterrar para siempre el perverso hábito de los golpes de Estado, aunque vengan con Constitución o Estatuto propios. Debemos hacer entender a todos los peruanos que la ley es inviolable.

Fuente:

fondo EDITORIAL PERIODISTICA OIGA

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