Canta claro

Por FRANCISCO IGARTUA

OTRA VEZ EN PELIGRO LA LIBERTAD DE PRENSA

Van estas líneas en primera persona del singular, no sólo porque el tema obliga a dar la cara, sino porque soy yo el afectado en parte de esta historia, que comenzará precisamente con el relato de mi presencia, el domingo pasado, en la pantalla de Canal N, dependencia de El Comercio.

Me vi ese domingo en la televisión con la ingenua complacencia de todo ser humano puesto en vitrina, pero pronto me di cuenta de que, como un párvulo, había caído en una emboscada. Y mi indignación fue mucho mayor a la que presentí el día de la grabación, pues entonces no supuse que a las sesgadas preguntas de la encuesta que hacía el programa Barra de mujeres se añadiría, como cortina constante, la imagen más impactante de la entrega millonaria de dólares que Montesinos le hizo al principal accionista de Canal 5: el hecho más bochornoso de la compraventa de conciencias que se produjo en el régimen pasado.

En la Barra de mujeres de ese domingo hacía yo el papel de un furioso defensor de la libertad de prensa que, como idiota, no se daba cuenta de que estaba siendo utilizado para darle apariencia de imparcialidad e independencia a un programa que tenía como único objetivo que el público se pronunciase a favor de quitarles la licencia a dos o tres canales de señal abierta y que el resultado se aproximara al ciento por ciento de los votos; cosa que, lógicamente, gracias al vladivideo se alcanzó a plenitud. El 94% de los televidentes estuvo de acuerdo, sin entender el trasfondo de la encuesta, en que las licencias de radio y televisión pueden ser dadas o quitadas a discrecionalidad por el gobierno de turno o por una junta de notables. O sea que, con el pretexto del necesario castigo a los rufianes vladivisionados, se abrían las puertas para inmediatos y futuros atropellos de la libertad de prensa y expresión.

De haber visto y escuchado aquel viernes todo lo que se vio el domingo pasado en la pantalla de Canal N, ese programa no habría salido como salió y no habría hecho yo el papel de avalador de la patraña montada, con el propósito de engañar al público, por esas tres damas vinculadas al ala izquierda de la Universidad Católica.

El señalamiento del ala no tiene intención de descalificar ni calificar a nadie, lo hago simplemente para situar la posición política de esa "Barra", que bien podría llamarse "brava" por los medios usados para llevar agua a su molino ideológico, curiosamente del mismo signo que otras campañas iniciadas hace poco con idéntica puntería: la de hacer prevalecer puntos de vista partidarios, de reglamentar a los medios de comunicación y censurarlos. Campañas, por otro lado, vistas con complacencia por intereses comerciales con ansias locas de alcanzar poder político. ¡Algo absolutamente paradojal, pero empedrada de cu-riosas paradojas está la política!

El castigo que corresponde a los rufianes vladivisionados es asunto

de la justicia, no del gobierno ni de juntas de notables.

Se trata de campañas que, sutilmente y desde variadas posiciones, se han montado hace un tiempo para establecer una suerte de vigilancia sobre la televisión y la radio, que podría afectar también al periodismo tradicional, al de la prensa escrita. Supuesto que no es sospecha mía sino que se desprende de un aviso publicado por "Veeduría Ciudadana", en el que se justifica esta inquisitorial tesis: la censura es legal "por el carácter de interés público que la Constitución le da a la actividad de los medios de comunicación, especialmente a la radio y la televisión". Se deja así en claro, con el "especialmente", que los periódicos y revistas no quedan excluidos de ser vigilados 'por una veeduría "constitucional" que podría ser estatal o compuesta por notables elegidos dentro de las organizaciones de la sociedad civil, casi todas ellas de signo próximo al de las damas de la Barra de mujeres. Hay en todas estas "veedurías" machacona insistencia en remarcar, algo que es cierto, pero no para llegar a algún tipo de censura: que los medios de expresión son de "interés o servicio social y público". Por ello es que la Constitución precisa que la libertad de prensa es irrestricta.

Se ha dicho una y mil veces que la libertad de expresión establecida, igual que la democracia, es un sistema lleno de defectos y deficiencias, pero que, aun así, es el mejor de todos los experimentados por el hombre en el curso de los siglos. Y esa libertad, para no ser desvirtuada, no puede tener más límite que el de los códigos comunes y el del honor de quienes ejercen el oficio de periodistas. Todo otro límite la ahoga, la transforma en boletín oficial, en negación de sí misma. Se dirá que esta definición peca de gaseosa y burguesa y pueda que así sea, pero centenarias experiencias prueban que todos los intentos por modernizarla han terminado devolviéndonos a la Inquisición, con apenas unos cambios de color. Unas veces el terminal es negro y otras rojo, sin que nunca deje de ser repelente para quienes amamos esa libertad simple, llana e imperfecta que nos garantiza la democracia.

E Inquisición es lo que hoy se reclama en nombre de la modernidad, en un Perú que vive bajo el impacto de los rufianescos tratos vistos en los vladivideos y al que es fácil convencerlo de que no se vulnera la libertad dejando el castigo por estos hechos a la discrecionalidad del gobierno o a la de una junta de notables que se instalaría para cuidar la salud moral de los peruanos. Una tesis sin memoria, desconocedora de una verdad capital en política: ningún gobierno -ninguno- dejará de caer en la tentación de controlar a la prensa.

¿Quién o quiénes deben reglamentar y decidir cuáles son los “valores auténticos” o las “obligadas versiones plurales”, reclamadas por diversas “veedurías ciudadanas”?

El castigo que les corresponde a los rufianes vladivisionados -todos ellos empresarios metidos a periodistas- es asunto de la justicia, que está obligada a embargarles sus acciones y, cuando se cumplan los plazos legales, a ponerlas en venta de acuerdo a los códigos vigentes. Lo que es inaceptable, por contrario a la libertad de prensa y expresión, es sentar el precedente de que un gobierno pueda dar o quitar licencias de acuerdo a las circunstancias o entregar la salud moral a cualquier junta u organismo supervisor "del correcto desempeño de los medios de comunicación", como a la letra dice otra de esas asociación afines a la Barra de mujeres.

(Son estas líneas una ampliación a la cuartilla que, como carta aclaratoria, le envié a El Comercio y que éste no publicó).

Fuente:

FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA